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Diputación aprueba un plan extraordinario para afrontar la crisis económica

El Programa Extraordinario para la Prevención de la Exclusión Social y el de Renta Mínima de Inserción Social pretenden paliar los efectos del COVID-19

C. Borge

La Diputación de Sevilla ha celebrado una sesión de su Junta de Gobierno de cara a poner en marcha las ayudas financieras del Programa Extraordinario para la Prevención de la Exclusión Social y el de Renta Mínima de Inserción Social. Este plan va dedicado a los municipios y entidades locales autónomas de la provincia y al refuerzo de sus centros de servicios sociales de naturaleza residencial ante el COVID-19, con más de 80 contrataciones hasta enero de 2021.

Además, el Equipo de Gobierno provincial ha aprobado las acciones del Plan de Reactivación Económica y Social para la provincia. Concretamente, destinarán 211,2 millones de euros para las políticas de empleo e inversiones en todos los municipios.

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos tiene previsto hoy, 17 de noviembre, presentar oficialmente este Plan a los portavoces de los grupos políticos con representación en la Corporación, a los agentes sociales co-firmantes del Acuerdo de Concertación Económico y Social y a los medios de comunicación.

Ya el pasado agosto se aprobaba desde el Pleno de la Diputación las bases y la convocatoria del Programa Extraordinario para la Prevención de la Exclusión Social con la intención de ofrecer a los municipios de la provincia apoyo económico y, así, afrontar la crisis por COVID-19.

En palabras de Fernando Rodríguez Villalobos, se trataba de »aprobar las medidas que permitan a los alcaldes y alcaldesas reforzar la acción contra la incidencia del desempleo en la provincia, tras los efectos de la crisis sanitaria por el Covid-19». Es por ello por lo que la Institución, como medida de emergencia, lo dotó y reforzó hasta llegar a los 10M€ y, en la actualidad, está en ejecución.

»Las medidas que se han puesto en marcha para la contención de la crisis sanitaria han supuesto la paralización de algunos sectores económicos y la consiguiente incidencia en la renta de los hogares, las personas autónomas y las pequeñas empresas. Por eso, este es un programa muy demandado por los alcaldes y alcaldesas, ya que les permite realizar una serie de contrataciones entre la ciudadanía que más necesita una ayuda por parte de la Administración para poder trabajar», explicaba Villalobos.

En esta misma línea, la Diputación aporta un total 980.000 euros para que 48 municipios de la provincia contraten profesionales del Trabajo Social, así como personal administrativo, para el desarrollo del Programa de Renta Mínima de Inserción Social, con una duración, según estimación de las propias entidades locales, hasta finales de junio del año que viene.

»El objetivo es establecer medidas que garanticen la seguridad y la atención de los servicios esenciales y responde a la necesidad de dotarnos de un instrumento formal que permita cumplir de manera funcional y eficiente las directrices de prevención, contingencia y control que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social define para este tipo de centros», concluye Villalobos.

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