PROVINCIA

La Diputación aborda con 13’6 millones de euros las consecuencias sociales del Covid-19

La incertidumbre ha llevado a muchos alcaldes y alcaldesas a trasladarme su inquietud ante las cifras de desempleo que vienen registrándose en sus municipios

La Diputación de Sevilla va a poner en carga 7M€ más, destinados a reforzar las acciones que esta Institución está llevando a cabo para aminorar el impacto de las consecuencias del Covid-19 en el empleo en la provincia ya que, según su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, ‘los efectos de la pandemia en el empleo se están dejando notar en los municipios y tenemos que reforzar las contrataciones en colectivos de riesgo para evitar la exclusión social’.

‘Nuestra intención es que, en septiembre, se estén generando contratos de trabajo a personas con economías precarizadas y, por eso, ponemos sobre la mesa ahora un Programa de Prevención de la Exclusión Social extraordinario, que va a sumar estos 7M€ a los 5M€ que ya pusimos en abril pasado, al aprobar la convocatoria ordinaria de dicho Plan. En definitiva,12M€ que la Diputación aporta para la lucha contra el desempleo, complementado por los 1,6M€ correspondientes a la cofinanciación de los ayuntamientos en ambas convocatorias del Programa. Un total de 13,6M€’, explica Villalobos.

El anuncio de esta inyección adicional de fondos en formato de Programa de Prevención de la Exclusión Social extraordinario -al que la Comisión Informativa ha dado hoy luz verde y que la Corporación aprobará el próximo viernes, en un Pleno convocado exclusivamente con este fin-, lo hacía Villalobos el pasado mes de julio, tras recibir numerosas peticiones en el ámbito municipalista con esta reivindicación.

‘La incertidumbre ha llevado a muchos alcaldes y alcaldesas a trasladarme su inquietud ante las cifras de desempleo que vienen registrándose en sus municipios. Y frente a eso, y con la intención de que los alcaldes tengan estos recursos para contrataciones de personas en sus municipios en septiembre, hemos dotado este Plan de Empleo Extraordinario con fondos provenientes del 20% de nuestro superávit, que ya en su día el Gobierno nos permitió emplear en medidas de carácter social ante la pandemia’, ha dicho el presidente.

CONTINUAR EL APOYO A LAS FAMILIAS VULNERABLES TRAS EL ESTADO DE ALARMA

La Diputación de Sevilla había aprobado en abril las Bases del Programa para la Prevención de la Exclusión Social, por el que se concede apoyo financiero en régimen de concurrencia no competitiva a los municipios de la provincia, para la atención integral a las familias como prevención de la exclusión social ante situaciones socioeconómicas desfavorables.

Al agravarse la situación de crisis económica y social como consecuencia de la pandemia generada por el Covid-19, la demanda de este programa por parte de los municipios ha aumentado y, como respuesta, la Diputación continúa sus medidas de apoyo a las familias y colectivos vulnerables mediante esta convocatoria extraordinaria del Programa de Prevención de la Exclusión Social, para que los ayuntamientos puedan hacer frente a los nuevos perfiles de riesgo de exclusión post Covid-19.

Los períodos para estos contratos irán de 1 de septiembre de 2020 a 28 de febrero de 2021con un período de contratación mínima de 15 días y hasta 4 meses, y están destinados a personas que, preferentemente, hayan sufrido una precarización en sus economías como consecuencia del Covid-19.

Además, se reduce en 5 puntos la cofinanciación mínima municipal en el Programa de Empleo extraordinario, con el fin de que las entidades locales no soporten un mayor gasto, y los ayuntamientos concurrentes podrán incrementar su dotación correspondiente, para aumentar el número de contrataciones.

En esta edición extraordinaria del Programa se ha incrementado en 0,25 puntos los umbrales económicos referidos al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM, de la unidad familiar, al objeto de que pueda acceder al mismo un mayor porcentaje de población. Y, asimismo, solo deberán tenerse en cuenta los ingresos correspondientes a los últimos seis meses previos a la aprobación de las Bases Reguladoras del Programa, ya que se considera que éste es el periodo en que se han agravado las actuales circunstancias económicas a consecuencia de la pandemia.

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