Redacción
El Grupo Municipal Socialista ha registrado en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache una moción titulada “Moción por la reactivación de la participación ciudadana para garantizar los servicios esenciales”, que se debatirá y votará en el pleno de mañana jueves, 18 de septiembre. La iniciativa, presentada por la viceportavoz y secretaria general del PSOE local, Inma Muñoz, surge tras el corte de suministro eléctrico indiscriminado del pasado 2 de septiembre en la barriada de Santa Isabel, que afectó a centenares de familias, comercios y personas electrodependientes. El texto pide que el consistorio reconozca que lo ocurrido “pone de manifiesto un déficit en los mecanismos operativos y participativos del Ayuntamiento para identificar y proteger a personas y hogares vulnerables ante actuaciones de terceros que puedan afectar servicios esenciales”. Por ello, plantea reforzar los instrumentos previstos en el Reglamento de Participación Ciudadana con medidas de transparencia, prevención y protección social. La propuesta recoge siete acuerdos clave. En primer lugar, que el pleno reconozca y lamente “el fallo en la gestión que derivó en el corte de suministro eléctrico del 2 de septiembre de 2025 en la barriada de Santa Isabel, y acuerda expresar su compromiso de adoptar medidas inmediatas para que no se repitan situaciones similares que pongan en riesgo a las familias vulnerables”. La moción establece la creación de una Mesa de Diálogo Permanente sobre Servicios Esenciales y Protección de Personas Vulnerables, con carácter consultivo y de supervisión operativa. Será un espacio de consulta y asesoramiento en actuaciones que puedan afectar servicios básicos, de coordinación de casos de vulnerabilidad y de emisión de informes públicos. Se prevé además la elaboración de un “Protocolo de Participación Obligatoria”, con notificación previa, planes de contingencia para colectivos vulnerables y obligación de publicar todos los acuerdos e informes en el Portal de Transparencia. Este Protocolo deberá acompañarse de memoria económica que garantice su viabilidad, mientras la Mesa funcionará con los medios actuales. Por último, la moción encomienda a la Concejalía de Participación Ciudadana, con apoyo de Servicios Sociales y Secretaría General, la coordinación de los trabajos en un plazo máximo de dos meses, y designa al Consejo Local de Participación Ciudadana como órgano encargado de realizar un informe anual sobre el grado de cumplimiento del Protocolo.