Una mujer enferma de cáncer y sus dos hijas se enfrentan a un desahucio el 11 de febrero en San Juan de Aznalfarache
Hace unas semanas el Juzgado número 8 de Sevilla ordenó que se suspendiera durante tres meses el desahucio de Lioba Sánchez y sus dos hijos de su vivienda en San Juan de Aznalfarache. Muchos vecinos se echaron a la calle para ayudar a esta familia, y ahora lo repetirán para la ejecución de desahucio de Rocío Martinez y sus dos hijos.
Para el próximo 11 de febrero está fijado la ejecución del desahucio de Rocío Martínez y sus dos hijas, una menor de edad, de su vivienda en San Juan de Aznalfarache. Además, Rocío está sometida a un tratamiento de quimioterapia para frenar el cáncer que padece. Este es el segundo de los desahucios fijados en la localidad, que hace algo más de un mes provocaron la constitución de una Plataforma en Defensa de la Vivienda con la intención de frenar los lanzamientos.
Pero no todos los casos son iguales o mejor dicho, todos son diferentes. El de Rocío está marcado por una enfermedad que le ha impedido trabajar y por tanto poder hacer frente al pago de un alquiler social que se le había concedido. Tras su divorcio, fue víctima de violencia de género, trabajo como empleada del hogar hasta que sobrevino la enfermedad. Su situación laboral ha supuesto que no esté percibiendo baja por enfermedad. Sin embargo, tenía que seguir haciendo frente al alquiler social que se le había concedido tras entregar su vivienda como dación en pago.
Desde octubre de 2018 el alquiler social al que tenía que hacer frente había pasado de 120 a 290 euros. Al no percibir ingreso alguno, más allá de la pensión alimenticia, que no siempre llega, y al coincidir con su enfermedad, ha provocado que el Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Sevilla, tras la reclamación de Buildingcenter, fijase el lanzamiento de la vivienda para el 11 de febrero. Precisamente ese mismo día Rocío tendrá que ingresar para someterse a una operación.
La delegada de Protección a la Vivienda del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, María José Quesada, ha explicado que «la enfermedad y sus circunstancias han sido determinantes en este caso. Desde la Oficina de la vivienda ya realizamos una intervención en 2016 para lograr el acuerdo del alquiler social, pero ahora, ella ha estado más pendiente de su salud».
No obstante, el pasado 4 de diciembre de 2019, se emitía un informe Social en el que se certifica la situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social de Rocío y que se ha remitido al Juzgado. La Oficina de la Vivienda trabaja ya con el abogado de oficia para lograr una paralización y al tiempo, Quesada, realiza gestiones con La Caixa para buscar soluciones.
Desde la Plataforma se han previsto movilizaciones para intentar paralizar este lanzamiento que dejaría en la calle a una mujer enferma y a sus dos hijas. Tiene previsto realizar una acampada en el parque Félix Rodríguez de la Fuente, frente a la entidad bancaria y el lunes se repetirá el encierro en el Ayuntamiento, desde donde el martes han previsto salir para concentrarse a las puertas de la vivienda de Rocío en el caso de que no se logré paralizar antes el lanzamiento.
